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domingo, agosto 14, 2022

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Capitán (sp) Vicente Grijalva sigue sin creer en la justicia, pero celebra ‘estar vivo’ para recibir la sentencia de la Corte Interamericana | Política | Noticias

La Corte Interamericana declaró al Estado ecuatoriano responsable por la violación de garantías judiciales y la libertad de expresión de Vicente Grijalva.

Casi 30 años han pasado de que el entonces capitán de Corbeta de la Armada del Ecuador Vicente Aníbal Grijalva Bueno denunció a sus superiores que él en ejercicio de sus funciones tuvo conocimiento de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de tres personas por parte de miembros de la Marina. Era diciembre de 1991.

Esa acción le valió una serie de represalias que se iniciaron en julio de 1992 cuando el Servicio de Inteligencia de la Marina abrió una investigación contra Grijalva y otros por supuestas denuncias de pescadores que manifestaron ser víctima de extorsiones por parte del personal naval en Puerto Bolívar (El Oro) y denuncias sobre un contrabando de combustible realizado también por personal naval.

El exmarino Vicente Grijalva llevó su caso a CIDH

El 27 de octubre de 1992 el Consejo de Oficiales Superiores de la Fuerza Naval emitió una resolución colocando a Grijalva “en situación de disponibilidad”, a base de las recomendaciones de la comisión investigadora que encontró culpable al capitán. Dicha resolución fue ratificada el 2 de septiembre de 1993 por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Para el 17 de noviembre de 1992 el presidente de la República, Sixto Durán-Ballén, emitió el Decreto 264 disponiendo que Grijalva fuera “oficialmente puesto en disponibilidad” y seis meses después, el 18 de mayo de 1993, el Decreto Ejecutivo 772 daba de baja permanentemente a quien ocupó como último cargo la capitanía de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro.

Veinte años después de haber iniciado un proceso judicial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2001) contra el Estado ecuatoriano por esas y otras violaciones y que luego el caso pasó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2019), esta última instancia, el 3 de junio pasado, falló a favor de Grijalva y responsabilizó a Ecuador de la violación de sus derechos.

En la sentencia del caso Grijalva versus Ecuador, la Corte declaró que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de las garantías judiciales, libertad de expresión y protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Grijalva. Para la Corte Interamericana el capitán “fue destituido de manera irregular de la Fuerza Naval en 1993, luego de haber denunciado torturas y desapariciones forzadas dentro de la esfera castrense”.

Aunque la decisión no le hace volver a creer en la justicia, pues piensa que justicia que tarda no es justicia, el capitán en servicio pasivo asegura que para él es una gran satisfacción estar vivo después de casi 30 años de procesos legales y luego de que ha vivido persecuciones, seguimientos, intentos de asesinatos y que personas que estuvieron a su lado o eran sus subalternos fueron asesinados.

“Estamos hablando de un poder maquiavélico y poderoso en el país. Haber pasado por todo eso y estar con vida hasta el momento, eso es gracias a Dios. (…) Qué tipo de justicia puede haber luego de 30 años de que se ha cometido un delito contra un inocente”, aclaró Grijalva, al tiempo que indica que por el momento no ve conveniente hablar del caso a profundidad, pues dice que tiene que conversar con las autoridades del país para resolver el que se cumpla con la sentencia.

En este caso el Estado ecuatoriano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional respecto a las violaciones ocurridas en el proceso de destitución y por la falta de ejecución de la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales que ordenó en 1995 que Grijalva sea reincorporado a su cargo dentro del fuerza naval.

CIDH declaró al Estado ecuatoriano responsable por la violación de las garantías judiciales de un militar destituido en 1993

Ecuador aceptó que en los informes que fueron utilizados para la destitución de Grijalva de las filas de las Fuerzas Armadas estuvo involucrado un agente militar quien había sido denunciado por la víctima meses atrás de haber cometido graves violaciones de derechos humanos; aceptó que otras autoridades que fueron denunciadas por Grijalva por la presunta comisión de violaciones a derechos humanos y que formaron parte del Consejo de Oficiales Superiores que dispuso su destitución tenían interés directo en el resultado de la investigación al estar involucrados en la controversia.

“La participación de dichos agentes violó el derecho del señor Grijalva Bueno de contar con una autoridad imparcial durante el proceso de destitución”, señala el documento de la Corte que también incluye, entre otras cosas, que el Estado ecuatoriano aceptó que Grijalva no tuvo la posibilidad de conocer, participar y defenderse en el procedimiento sancionatorio que culminó con su destitución.

Diario EL UNIVERSO intentó tener un pronunciamiento del Ministerio de Defensa al respecto de la sentencia emitida por la Corte Interamericana, pero se nos dijo que por el momento no existiría, debido a que aún no han sido notificados formalmente de lo resuelto.

La Corte concluyó que en el caso de Grijalva existió violación al debido proceso y de las garantías judiciales, pues se le vulneró a la víctima el derecho de interrogar a testigos y ejercer control sobre el contenido de sus declaraciones. El Estado reconoció que se configuraron distintas irregularidades en la confección de informes, entre ellas, que existió prueba ilícita obtenida bajo tortura y coacción de otros funcionarios navales que fueron testigos en la causa.

Para Grijalva una parte importante de esta sentencia es que la Corte haya considerado este caso como algo excepcional, pues, explica, normalmente se habla de que los derechos humanos solamente defienden a los delincuentes y en este caso está defendiendo a un militar. “A los militares y a los policías nos ponen como que somos siempre los malos de la película”.

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL 2010

El caso de Grijalva y otros es el numero 78 en el Informe de la Comisión de la Verdad realizado en Ecuador en el 2010. Ahí se lo describe: “Marinos torturados por denunciar crímenes cometidos por efectivos del Estado”. Refiere a seis víctimas que fueron dados de baja, privados ilegalmente de su libertad y torturados en represalia por una serie de denuncias realizadas por ellos.

Un total de trece nombres aparecen como los presuntos responsables, en el caso de Grijalva, de torturarlo y atentar contra su derecho a la vida.

QUITO. El presidente Rafael Correa recibió el informe de la Comisión de la Verdad de Yanine Grijalva, hija de Vicente Grijalva, una de las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

En ese mismo Informe de la Comisión de la Verdad se habla de las tres personas de las que denunció Grijalva en su momento sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias, torturas y posteriormente fueron asesinados: Consuelo Benavides, Stalin Bolaños y el militar Elito Véliz.

El caso de Benavides está registrado con le número 26 y se habla de que en 1995 fue detenida y torturada por agentes de la Marina en el recinto Estero de Plátano (Esmeraldas). La acusada de supuestas actividades subversivas fue asesinada y su cuerpo fue abandonado en el recinto Rocafuerte (Esmeraldas).

En cambio de Bolaños y Véliz, caso número 18 del Informe de la Comisión de la Verdad, se dice que fueron un civil y un marino torturados y ejecutados extrajudicialmente por miembros de la Marina – Base Naval de Balao (Esmeraldas). “Marino en servicio activo es apresado con un amigo para investigar el asesinato de un oficial de la Marina, fueron torturados y ejecutados en la Base Naval de Balao”, señala el informe que apunta a nueve personas como los presuntos responsables.

En su sentencia, la Corte señaló que el Estado debe garantizar las condiciones fácticas para que los funcionarios públicos realicen denuncias de violaciones de derechos humanos libremente sin que sean víctimas de amenazas, represalias u otros tipos de hostigamiento.

Sobre este punto, Grijalva califica de importante que en esta sentencia se resalte y proteja la libertad de expresión en Ecuador, la oportunidad de que todo miembro de una entidad pública tenga la facilidad de poder expresarse y decir lo que en verdad está sucediendo.

ALGUNAS MEDIDAS DE REPARACIÓN

La Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre ellas, que el Estado publique, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, el resumen oficial de la sentencia en el diario oficial, en un diario de amplia circulación nacional y que la sentencia en su integridad esté disponible, por un año, en el sitio web oficial del Ministerio de Defensa Nacional.

Por concepto de daño material, la Corte ordenó que el Estado pague a Grijalva la cantidad de $ 350.000. El Tribunal consideró que el capitán en servicio pasivo no ha sido reincorporado al servicio activo, en razón de lo cual el monto de la compensación por daño material comprende también una compensación al respecto.

Además, se consideró que Grijalva fue objeto de un proceso de destitución arbitraria y de un proceso penal militar contrarios a las garantías judiciales, así como de otras violaciones declaradas, el Tribunal de la Corte fijó una indemnización por daño inmaterial a favor de la víctima de $ 75.000.

El Estado dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con esta. (I)

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