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miércoles, junio 29, 2022

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Caso en el que se investigan irregularidades en inversiones del Isspol tendrá diez procesados, luego de audiencia de vinculación | Política | Noticias

Cuatro empresarios y dos exdirectores del Instituto de Seguridad Social de la Policía se sumarán a las cuatro personas que ya eran procesadas por peculado.

Dos exdirectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y cuatro empresarios serán vinculados este miércoles 2 de junio a la instrucción fiscal que investiga el delito de peculado que se habría dado en operaciones financieras de inversión irregulares por casi $ 700 millones, que afectarían los fondos de seguridad social policial.

La investigación previa de este caso se inició a finales del 2020 y solo fue hasta el 24 de febrero pasado cuando se abrió una instrucción fiscal de 90 días contra los generales (s. p.) Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, exgerentes del Isspol; Alfredo Valverde y Santiago Duarte, exdirectores de Inversiones y Jurídico del Isspol, respectivamente.

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Para ese momento y sobre esos hechos ya existía en la Fiscalía una denuncia realizada por el entonces director del Isspol, general Jorge Villarroel. La denuncia iba contra David Proaño; el exdirector de Riesgos del Seguro Social de la Policía, Robert Luzuriaga; Jorge Chérrez Miño, encargado de las empresas cuestionadas con las inversiones del Isspol; y el exdirector Económico-Financiero del Isspol, Orlando Nuques.

De las investigaciones hechas por la Fiscalía se desprendería que entre el 2014 y el 2019 se realizaron inversiones irregulares con fondos del Isspol sin cumplir con los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Registros revelarían que el Isspol invirtió a través de empresas representadas por José Chérrez aproximadamente $ 693 millones.

Los exfuncionarios del Isspol Luzuriaga y Nuques y el empresario Chérrez encabezan la lista de personas a ser vinculadas por la Fiscalía, y además están tres altos directivos de empresas inversoras: Carlos Carbo Cox, Luis Álvarez Villamar y Luis Domínguez Viteri.

Sobre Chérrez y Luzurriaga, en marzo pasado, la justicia de Estados Unidos informaba que existía una orden de arresto en contra del primero y que el segundo ya había sido detenido en ese país. Ambos son investigados por ser parte de una trama de corrupción que incluiría una red de sobornos y lavado de activos ocurrida en el Isspol.

La investigación estadounidense señala que Chérrez habría entregado más de $ 2,6 millones a modo de sobornos a funcionarios de diversos rangos en el Isspol. De ese total, Luzuriaga habría recibido casi $ 1,4 millones: cheques a nombre de Luzuriaga por $ 419.000, a través de familiares de Luzuriaga $ 363.000 y retiros a través de una cuenta con tarjeta de débito por $ 313.000.

Aparentemente Luzuriaga recibió esos recursos por facilitar las negociaciones, pues no solo era director de Riesgos del Isspol, sino también miembro del Comité de Inversiones. México sería el último país en el que las autoridades estadounidenses ubicaron a Chérrez.

Respecto a las vinculaciones, la defensa del general Espinosa de los Monteros, Paúl Ocaña, cree que las mismas se veían venir, pues la investigación apunta hacia ellos como parte de la supuesta trama de corrupción que se analiza. El abogado insiste en que la Fiscalía en estos días de investigación no ha logrado recabar elementos contundentes que sustenten su acusación contra su cliente.

Para Ocaña, estas vinculaciones de una u otra manera los va a beneficiar, puesto que, según él, la información que los seis vayan a aportar dentro de estos 30 días adicionales de investigación determinará que el general Espinosa de los Monteros no tiene ninguna participación en las negociaciones de los bonos.

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Procesalmente hablando, cuando la Fiscalía solicita vincular a una o más personas a un caso, el juez de la causa da paso al pedido y lo único que se discute en audiencia son las medidas cautelares que se dispondrán para los nuevos investigados, para así lograr que estos estén presentes dentro del proceso investigativo y las posteriores etapas judiciales.

La audiencia de vinculación se instalará a las 10:30 en el Complejo Judicial Norte, en Quito, pero media hora antes, dentro del mismo caso, se resolverá el pedido de revocatoria de la medida cautelar que pesa sobre el general (s. p.) David Proaño, quien se mantiene con arresto domiciliario debido a la enfermedad catastrófica que mantendría. (I)

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