El combate a la violencia política contra las mujeres sigue siendo un tema pendiente pese a la vigencia de leyes | Política | Noticias

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El combate a la violencia política contra las mujeres sigue siendo un tema pendiente pese a la vigencia de leyes | Política | Noticias

Hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Ecuador se reconocen diez tipos de violencia, como la política.

A las mujeres no se las critica por su posición en el ejercicio de lo público, sino por cómo llevan su cabello, si son gordas o flacas, por su estado civil, por su edad, por su rol en el núcleo familiar… Son patrones identificados como violencia política, que en el Ecuador deben contrarrestarse, consideran activistas consultadas por este Diario.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De acuerdo con un reciente informe de ONU Mujeres, se concluye que dos de cada tres mujeres denunciaron que fueron o conocen a alguien que fue víctima de alguna forma de violencia.

Una de ellas es la política. Para Solanda Goyes, activista del Movimiento de Mujeres del Ecuador, la violencia política se hizo visible cuando las mujeres llegaron a ocupar espacios de poder. “El ingreso de las mujeres en lo público ha sido evidente, y una vez que están resulta que se evidencia lo incómoda que es su presencia, porque mientras estaban en el espacio privado estaban cumpliendo un rol que la sociedad lo considera como adecuado”, acotó.

En Ecuador están vigentes dos normas que la visibilizan: la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las recientes reformas al Código de la Democracia.

La primera está vigente desde el 2018 y en su artículo 10 expone siete tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, gineco-obstétrica y la política.

Andrea Hidalgo, concejala de Quito, denunció ante el Concejo haber sido víctima de violencia política por parte de otro concejal

A esta última la define como aquella cometida “por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia”.

La normativa establece la articulación de varios organismos del Estado para crear un sistema de vigilancia para contrarrestar estos hechos, pero no los sanciona.

Cecilia Calderón, activista política, resalta su aprobación, pero cree que se quedó “en palabras”.

“Uno se emociona de que se aprobó una ley que establece conceptos, principios, valores y cuestiones líricas. Crea un sistema de derechos que resulta ineficiente, porque no hemos visto que actúen frente a hechos de violencia”, lamentó Calderón.

Para sancionar estos hechos, en el 2020 entraron en vigor las reformas al Código de la Democracia, que establecieron la violencia política de género como una infracción electoral muy grave, que es sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Recoge la misma definición de violencia política que la ley antes mencionada, pero detalla en qué casos se configuran estos actos. Por ejemplo, las acciones, conductas y omisiones que amenacen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan, entre otras.

Tras su reciente vigencia, el TCE tramitó en 2020 y 2021 cuatro denuncias por violencia política registradas en los últimos comicios presidenciales, que no terminaron con sanciones.

Dos las planteó la Defensoría del Pueblo. Una en contra del excandidato presidencial Isidro Romero, de Avanza, por escribir un tuit en contra de Sofía Merino, que se postuló como su binomio.

“Es muy difícil que entiendas lo que ha pasado en estas elecciones, en especial el fraude que le han hecho a mi candidatura. Lamentablemente, la edad y la poca experiencia en estas lides no te permite entender y tu ambición te destina al fracaso”, había posteado, en Twitter, Romero a Merino.

La denuncia se archivó porque no se cumplieron plazos, pero la Defensoría apeló la decisión y fue admitida a trámite por el juez Ángel Torres.

Otra denuncia fue en contra del movimiento Sur Unido Regional (SUR), porque realizó una campaña en Machala (El Oro) con mujeres vestidas con “ropas cortas” llamando la atención de los electores.

La denuncia se rechazó en primera instancia, y el pleno ratificó la decisión porque no se demostró la existencia de elementos constitutivos de la infracción denunciada.

Otras dos denuncias las impulsó Diane Rodríguez, presidenta de la Federación Nacional LGBTI, en contra del excandidato presidencial Gerson Almeida, de Ecuatoriano Unido; y de un excandidato a asambleísta de Manabí, Universi Mejía, por la Alianza 17-51.

Los dos excandidatos habían proferido expresiones en contra de las personas LGBTI, pero las denuncias se rechazaron porque se incumplieron formalidades en los procesos.

Violencia política contra las mujeres en redes sociales fue objeto de estudio

Goyes cree que no hay que desconocer los avances en materia legal, pero sí hay que cambiar “las estructuras de pensamiento ideológicas de las organizaciones políticas y de los espacios públicos para que se genere una corriente de respeto a la mujer”.

Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, consideró que se ha avanzado “poco”, pero que al incluir la violencia política en el código electoral se reconoce que esto es un problema.

“De alguna manera se entiende a la violencia política como un problema que hay que combatir, y ese es un punto de partida para tomar conciencia, plantear acciones que les corresponde tomar a los actores políticos”, acotó.

Pero a estos cambios se suman los comentarios o críticas que se exponen en las redes sociales.

Por ejemplo, un último informe de PC, que recabó datos desde enero del 2020 a octubre del 2021, se detalla que hubo 9.286 tuits con expresiones violentas en contra de 28 mujeres con representatividad pública.

“Los números y cifras a la gestión para mejorar la situación en Ecuador están en saldo en rojo, y lo que sucede en las redes sociales genera un despecho o un desinterés por parte de las mujeres en participar en espacios de decisión política porque son juzgadas y condenadas. Si bien hay normas, es complejo atreverse a decir que hemos avanzado porque hay cosas pendientes para lograr una equidad”, anotó Hidalgo.

Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, opinó que la situación de violencia política a la mujer es una “realidad grave en el país”.

A su criterio, los partidos y movimientos políticos deberían incorporar manuales internos de ética que sancionen a quienes violentan políticamente.

“El que las mujeres ganen espacios es una afrenta, un riesgo para los hombres, porque son ellos quienes toman las decisiones”, dijo.

Recordó que uno de los indicadores de violencia política se dio en el 2013, cuando el expresidente Rafael Correa pidió sanciones para tres exasambleístas del movimiento Alianza PAIS por posicionarse a favor de la despenalización del aborto por violación.

“Ese fue un hecho inédito, y uno de los mayores indicadores de violencia política. Las organizaciones políticas no tienen la voluntad para visibilizar estos hechos”, reprochó.

En la coyuntura, el legislador de CREO Diego Ordóñez enfrentará una queja planteada por la legisladora Mónica Palacios de UNES que fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional.

Ordóñez posteó un tuit en contra de Palacios que decía: “Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes”. Palacios presentó su queja por “agresión de palabra y evidente misoginia”. (I)

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