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martes, mayo 17, 2022

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Juez suspende audiencia por caso de ‘diezmos’ contra exasambleísta Karina Arteaga para analizar si existe o no vicios de nulidad que afecten al proceso | Política | Noticias

Desde septiembre pasado, en el caso por concusión, sobre la exasambleísta Karina Arteaga pesa la orden de arresto domiciliario y uso de grillete electrónico.

La exasambleísta Karina Arteaga; su esposo, Jhon Arturo Álava; y Jenny Muñoz, colaboradora del despacho de la entonces asambleísta, enfrentan una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que al final conocerán si son llamados o no a etapa de juzgamiento por el delito de concusión o son sobreseídos todos o algunos.

Pasadas las 14:30 de este lunes, el juez Walter Macías, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), instaló la diligencia contra los tres acusados de participar en el supuesto cobro de “diezmos” a varios colaboradores en la Asamblea Nacional. Inicialmente a cargo del caso estaba el juez nacional David Jacho, pero debido a la renovación parcial que se dio en el interior de la CNJ ahora la causa está en manos del juez Macías.

Arresto domiciliario y uso de grillete es lo que un juez ordenó contra la asambleísta Karina Arteaga acusada de concusión

La teoría de Fiscalía señala que en este caso Arteaga en calidad de legisladora habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores en la Asamblea a través de terceros. La Fiscalía mantendría elementos de convicción que revelarían que Arteaga, en 2018, dijo a su personal que podían conseguir un empleo, pero con un aporte de su remuneración mensual.

Según la parte acusadora, existirían depósitos hechos en la cuenta del esposo de la entonces asambleísta por aproximadamente $ 31.000. El fiscal subrogante Wilson Toainga en la audiencia en la que se vinculó a Álava, en enero pasado, explicó que existen elementos que indicarían que él y Muñoz habrían recibido transferencias realizadas por el personal del despacho de Arteaga, quien a la época era asambleísta por la provincia de Manabí.

La diligencia una vez instalada arrancó con la fase de alegaciones de vicios de procedibilildad, prejudicialidad y competencia que podrían afectar a la causa. La primera en intervenir fue la defensa de la exasambleísta Arteaga, Vinicio Rosillo, quien dijo existen dos vicios de procedibilidad que han vulnerado el derecho a un debido proceso en la etapa de instrucción fiscal: la ilegal acumulación de denuncias en este caso y el uso de videos que no tenían autorización desde los denunciantes.

La defensa de la procesada Jenny Muñoz, Patricio Escandón, solicitó se declare la nulidad de todo lo actuado debido a que no se les dio el tiempo determinado de 30 días para defenderse, luego de la vinculación, y además alegó que los videos usados por los denunciantes tiene un origen ilegal, lo que los descartaría como elemento de prueba, ´pues harían variar la decisión del juzgador.

En respuesta a lo señalado por las defensas de los tres procesados, el fiscal Toainga aseguró que no existe ilegalidad alguna en la obtención de los video, afirmó que se ha hecho una unificación de acuerdo a la norma de las denuncias planteadas y se respetó el tiempo de investigación que manda la Ley para cada uno de los procesados. Toainga pidió al juez Macías que rechace los planteamientos hechos por los procesados.

Luego de casi dos horas, el juez de la causa decidió suspender la diligencia para ingresar en una fase de análisis de los planteamientos hechos por los abogados de Arteaga, Álava y Muñoz, el fiscal Wilson Toainga, la Procuraduría como acusación particular y luego vendrán los defensores de las tres víctimas de la causa. El juez nacional notificó verbalmente de que mañana martes, a las 08:00, se reinstalará la audiencia para escuchar la resolución respecto a los vicios señalados y sus correspondientes réplicas.

En mayo del 2019, Verónica Pinargote, excolaboradora de Karina Arteaga, acudió a la Fiscalía a denunciar que su exjefa le exigió aportes mensuales que sumaron un total de $ 2.861 a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo como asesora. Según la denunciante, el dinero exigido habría sido “depositado mensualmente en una cuenta bancaria a nombre del cónyuge de la entonces asambleísta, para cubrir una cuota por la adquisición de un vehículo y otros gastos personales”.

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Pinargote es una de las tres personas que participan en la audiencia en calidad de víctimas. La acusación en el primer día fue llevada de forma presencial por el fiscal subrogante Toainga y la acusación particular por la representante de la Procuraduría General del Estado, María José Dalgo.

De forma telemática, en la audiencia estuvo presente la exasambleísta Arteaga, su esposo Jhon Álava y Jenny Muñoz.

Desde el 25 de septiembre de 2020, en la causa por concusión, sobre Arteaga pesa la orden de arresto domiciliario y uso de grillete electrónico con vigilancia policial permanente; mientras que a Álava y Muñoz se les ordenó la presentación periódica cada quince días y la prohibición de salir del país.

Si el juez Walter Macías decide que si existió algún vicio de nulidad la causa se retrotraerá hasta el momento en el que se haya dado la nulidad. En cambio si se declara válido todo lo actuado, inmediatamente se instalará la segunda parte de la audiencia, es decir, se dará la acusación fiscal y cada una de las partes procesales hará el anuncio de sus medios probatorios en el caso de que se emita un auto de llamamiento a juicio. (I)

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