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Pescadores de Santa Elena, Manabí y Guayas realizaron plantón a favor de la reforma a Ley de Pesca | Política | Noticias

El sector pesquero busca incluir una categoría intermedia entre la pesca artesanal y la pesca industrial.

5 de diciembre, 2021 – 14h03

Los pescadores de las provincias de Santa Elena, Manabí y Guayas y trabajadores de ese sector productivo realizaron este domingo 5 de diciembre, en la parroquia Posorja, un plantón a favor de la aprobación del proyecto de reforma a la Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca.

Actualizar la denominación de los tipos de pesca artesanal e industrial, categorización de las embarcaciones, así como establecer el principio de proporcionalidad en las sanciones y multas que se aplican en caso de infracciones relacionadas con esta actividad son parte de los cambios establecidos en la reforma.

La semana pasada, el pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley, la cual busca mejorar el texto que rige a este segmento, en beneficio de todos los tipos de pesca existentes.

Grupos a favor y en contra de la reforma a la Ley de Pesca realizan plantones en los exteriores de la Asamblea Nacional

El sector pesquero busca incluir una categoría intermedia entre la pesca artesanal y la pesca industrial, con lo cual se mantendría el concepto de pesca artesanal como aquella que se realiza completamente a mano y la transición hacia otro segmento que utilice medios tecnológicos, sin llegar a la cualificación de industrial.

Mariana Quijije, representante nacional de las Pequeñas Pesquerías Amigos del Mar, recalcó el apoyo del sector para que se apruebe la reforma y no afecte el empleo de más de 100.000 personas.

Además, indicó que en dicha normativa, sus pequeñas embarcaciones, las cuales abastecen el mercado local con pelágicos pequeños, son categorizadas en igualdad de condiciones con las de mayor calado como son las de los atuneros.

El sector pesquero nacional solicitó revisar la tabla de multas y categorización, debido a que cada sanción es de $ 80.400, “más de lo que cuesta una embarcación, dejando en riesgo la soberanía alimentaria local nacional”. (I)

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