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domingo, agosto 14, 2022

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Procuraduría solicita el remate de bienes embargados en causa por enriquecimiento ilícito a la excoordinadora del IESS María Sol Larrea | Política | Noticias

María Sol Larrea, exfuncionaria del Seguro Social, mantiene en firme y en fase de ejecución una sentencia por el delito de enriquecimiento ilícito.

Una vez que ha terminado el proceso de avalúo de los bienes de la excoordinadora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) María Sol Larrea, quien mantiene en firme una sentencia por el delito de enriquecimiento ilícito, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicita el remate de los bienes embargados, para así recuperar activos de uno de los casos en que se analizaron actos de corrupción en la seguridad social del país.

Según la Procuraduría, quien es el ente ejecutante, los bienes que tendrían relación con la sentenciada estarían valuados en $ 430.000. La cifra fue determinada luego de que varios peritos revisaron y fijaron el costo de los bienes embargados por la Unidad de Recuperación de Activos de la PGR.

Procuraduría embarga bienes de la exfuncionaria del IESS María Sol Larrea, acusada de lavado de activos

La reparación económica ordenada por un juez, ante el acto de corrupción cometido por María Sol Larrea bajo el delito de enriquecimiento ilícito, asciende a $ 3,6 millones.

Por ejemplo, la perito María Zapata en un informe determinó que el monto del avalúo del 50 % de derechos y acciones de un departamento de Larrea, ubicado en uno de los sectores más exclusivos del norte de Quito, era de $ 308.426,75 y que el monto del 50 % de derechos y acciones de ocho solares que suman 1.900 m2, localizados en el cantón El Empalme, en la provincia del Guayas, era de $ 31.992,72.

Aparentemente los solares embargados, los cuales se ubican en el barrio Teca, en El Empalme, estaban destinados a la construcción de una clínica privada.

Con otro informe, otro de los peritos designados por la PGE determinó que el 50 % de derechos y acciones de un consultorio médico en la Torre Médica II, en la ciudad de Guayaquil, alcanzaba los $ 58.867. A inicios de noviembre pasado, la entonces recién creada Unidad de Recuperación de Activos de la PGR realizó el embargo de estos bienes.

Finalmente, un lote de 300 joyas de propiedad de la excoordinadora del IESS, quien ocupó el cargo en momentos que Ramiro González era el presidente de la institución, fue valuado en $ 30.555. El embargo de estos bienes se dio en el Monte de Piedad de Quito, a finales de noviembre pasado, mediante una diligencia que duró más de seis horas.

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Entre las joyas embargadas están 18 relojes de marcas como Rolex o Cartier, así como 48 pares de aretes, 46 anillos, 75 cadenas y un juego completo de joyas de cristal Swarovski.

La Procuraduría General solicitó el remate de los bienes embargados en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 398 del Código Orgánico General de Procesos (Cogep).

El artículo 398 del Cogep, que habla del remate de los bienes de la o del ejecutado, indica: “Los bienes del ejecutado (…) se rematarán a través de la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura. Por acuerdo de las partes y a su costa, los bienes embargados también se podrán rematar en entidades públicas o privadas autorizadas por el Consejo de la Judicatura”.

El ejecutante y la o el ejecutado podrán convenir que la venta, tanto de muebles como de inmuebles, se haga al martillo, con la intervención de martillador público, acuerdo que deberá ser respetado por el juzgador.

En diciembre de 2020, Larrea recuperó su libertad luego de cumplir dos sentencias de un año de cárcel por el delito de tráfico de influencias y una de 20 meses por el delito de enriquecimiento ilícito. Además aún mantiene vigente un proceso por el delito de peculado en el que tiene que pagar una pena de ocho años de cárcel, una multa de $ 400 y parte de la reparación integral de $ 7,4 millones que debe cancelar junto con otros cinco procesados.

“La Procuraduría General del Estado continuará con sus acciones para hacer cumplir lo dispuesto en sentencia por los jueces a cargo de este proceso y, de este modo, obtener la restitución del daño ocasionado al Estado ecuatoriano y la recuperación de los valores que han sido producto de este acto ilícito”, apuntó la Procuraduría en un comunicado. (I)

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