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Secretaría de Derechos Humanos pide al SNAI listado de personas LGBTI+ asesinadas en la Penitenciaría del Litoral | Política | Noticias

Quieren activar estrategia de «reubicación» de la población LGBTI. El Código Orgánico Integral Penal vigente dispone separación por sexo u orientación sexual.

17 de noviembre, 2021 – 09h37

La Secretaría de Derechos Humanos pidió al Servicio Nacional de Atención Integral a personas privadas de la libertad (SNAI) el listado de las personas privadas de la libertad que sean parte de la población LGBTI+, que hayan sido asesinadas en el última masacre en la Penitenciaría del Litoral, ocurrida entre la noche del viernes 12 de noviembre y la madrugada del viernes 13 de noviembre del 2021.

Luego de los últimos hechos de violencia que dejaron como saldo 62 personas privadas de la libertad asesinadas, la Secretaría plantea la activación de una estrategia, junto al SNAI, para la “reubicación” de las personas privadas de la libertad que son parte de la población LGBTI, de acuerdo a su identidad de género.

46 de 62 cadáveres de reos asesinados en la Penitenciaría del Litoral ya han sido reconocidos

En un comunicado difundido la noche de este martes 16 de noviembre, La Secretaría también solicitó la activación de los Mecanismos de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de la Defensoría del Pueblo y que se garantice la seguridad de los funcionarios que realizan visitas técnicas en los centros de privación de libertad, en particular d la Penitenciaria, “para constatar los derechos de las personas privadas de la libertad que son parte de la población LGBTI+”.

El artículo 7 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente, dispone la separación de acuerdo al sexo u orientación sexual.

“Las personas privadas de libertad se alojarán en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, de acuerdo a su sexo u orientación sexual, edad, razón de la privación de libertad, necesidad de protección de la vida e integridad de las personas privadas de libertad o las necesidades especiales de atención”, señala el Código. (I)

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