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lunes, agosto 8, 2022

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Tres candidatos a ser jueces de la Corte Constitucional impugnados; uno de ellos renunció | Política | Noticias

Barbará Terán, Jorge Sosa y Salim Zaidan fueron objetados por falta de probidad, aunque este último dimitió de continuar en el concurso.

Por falta de probidad, tres candidatos a ser jueces de la Corte Constitucional (CC) fueron impugnados, de los cuales uno renunció a continuar en el concurso público.

El pasado 22 de diciembre se cerró la etapa de presentación de impugnaciones, dentro del concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana que lleva a cabo una comisión calificadora para la renovación parcial de tres magistrados de la Corte Constitucional.

De los nueve aspirantes propuestos por las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social, tres fueron los impugnados: Salim Zaidan Albuja, Jorge Sosa Meza y Bárbara Terán Picconi.

Zaidan, auspiciado por la Asamblea Nacional, renunció a su postulación este 29 de diciembre, con lo que el proceso de selección continuará con ocho concursantes.

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En su carta de renuncia remitida a la Comisión, cuestiona que se hayan calificado dos impugnaciones ciudadanas en su contra basadas en la “libre opinión expresada en redes sociales con simples capturas de pantalla”.

“Mi participación no puede avalar este concurso sobre el cual ya he tenido la oportunidad de expresar múltiples preocupaciones”, aseveró.

Entre estas, advirtió que el comisionado Luis Fernández haya admitido que tiene “relación de parentesco con una de las personas involucradas en el relato de las impugnaciones”, o que el concurso se realice con un comisionado menos, tras la renuncia de Rafael Oyarte.

Lo impugnaron María Gracia Espinosa y Sylvia Bonilla. La primera lo objetó por una supuesta falta de probidad y ética por “mantener una conducta reñida con las políticas públicas y garantías a favor de la lucha contra la violencia de género”.

Bonilla alegó que “existe una sentencia por el delito de violencia psicológica en su contra” y porque ha hecho declaraciones en descrédito de las organizaciones y activistas feministas.

Zaidan, en su carta de renuncia, expuso que la causa que él ha promovido por la corresponsabilidad parental “ha provocado reacciones en ciertas activistas que recurren con frecuencia al escándalo y a acusaciones ligeras” y, por ello, no permitirá que expongan a su hija a una impugnación.

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Otro de los objetados es Jorge Sosa, propuesto por la función de Transparencia y Control Social.

Su impugnante es Natalia Roca, quien lo cuestiona por no haber informado a la Comisión Calificadora que fue candidato a asambleísta del Guayas en el 2017 por el partido Fuerza Ecuador (FE), liderado por el expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz.

El artículo 173 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece como inhabilidad, el haber pertenecido a la directiva de un partido o movimiento político en los diez años inmediatamente anteriores a su postulación.

La impugnante refiere que si bien Sosa no consta como adherente o afiliado a una organización política, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), ello es “insuficiente para el cumplimiento del requisito mencionado”, porque incluso había formado parte de la “comisión jurídica” de ese partido.

“Ocultar este hecho público y notorio de su hoja de vida y no haber acreditado documentalmente el no haber sido parte de la dirigencia de un partido en los últimos diez años (…) revela la falta de probidad al omitir un hecho, que al menos debió ser conocido por la Comisión Calificadora”, cita la impugnación.

Lo cuestiona también porque “se puso al día de sus pensiones alimenticias” un mes antes de haber sido candidatizado.

Sosa aseguró que “nunca” ha sido parte de una organización política, y aunque sí fue candidato a legislador, no fue elegido y ello no es una restricción para ejercer cargo público.

No lo informó a la Comisión porque “fue una mera expectativa”, al igual que cuando fue candidato a parlamentario andino por el Partido Sociedad Patriótica (PSP).

“Lo que se pone en la hoja de vida son las circunstancias que a uno lo llevan a ejercer el cargo. Haber sido candidato no es una obligación de ponerlo (en la hoja de vida) porque fue una mera expectativa”, dijo.

Añadió que tampoco fue parte de la comisión jurídica de FE, que pudieron haberle “pedido consejos legales o para efectos de un marketing político porque formaba parte de una comisión. Pero no ejerció un cargo directivo”.

Respecto del pago de pensiones alimenticias, relató: “Hubo una diferencia que no se había computado, es un juicio archivado y no generó pensiones alimenticias porque mi hijo está conmigo desde hace cuatro años”.

A la postulante a la Presidencia de la República Bárbara Terán Picconi se la impugnó por casos que había tenido bajo su patrocinio relacionados con un visto bueno, con la solicitud de copias de una demanda que no había sido calificada y por el supuesto uso de indebido de documentos personales no públicos en el trámite de una acción de protección.

Este Diario intentó comunicarse con Terán, pero no fue posible contactarla.

Está previsto que el 10 de enero la Comisión instale las audiencias públicas para que las partes presenten sus pruebas de cargo y descargo.

Luego la Comisión emitirá su resolución en tres días, respecto de si las acepta o no.

La siguiente etapa es la calificación de méritos de los postulantes y una prueba oral. Está previsto que a inicios de febrero estén designados los tres nuevos jueces, como parte de su primera renovación parcial. (I)

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