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domingo, agosto 14, 2022

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$ 1,6 millones necesita la Judicatura para poner en funcionamiento la unidad especializada para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado | Política | Noticias

Una partida presupuestaria de $ 1,6 millones es lo que necesita el Consejo de la Judicatura (CJ) para implementar la Unidad para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción y el Crimen Organizado Transnacional. A finales de noviembre pasado, el pleno del CJ resolvió la creación de esta unidad, que incluye tribunales con jueces especializados.

El presidente temporal de la Judicatura, Fausto Murillo, aspira a que en agosto próximo esté funcionando en el país esta unidad, la cual deberá conocer siete delitos relacionados con corrupción y 37 que tienen que ver con el crimen organizado, según el catálogo de delitos que es parte de la resolución 190-2021 con que se creó la nueva unidad especializada.

Ecuador tendrá en el 2022 jueces y tribunales especializados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado

La tarea de implementar salas, tribunales y jueces especializados en corrupción y crimen organizado fue dispuesta como parte de un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en el Registro Oficial 345, del 8 de diciembre de 2020.

Para Murillo, vocal del CJ que remplaza a María del Carmen Maldonado en la presidencia de la Judicatura luego de su renuncia el 2 de febrero pasado, la puesta en funcionamiento de esta unidad para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado será una prioridad en su interinazgo como presidente. Hace pocas semanas dijo que ya se emitió el reglamento respectivo y estaban en conversaciones con el Ministerio de Finanzas para lograr el financiamiento de esas unidades.

El titular del #CJ anuncia que la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Lucha contra la Corrupción estará operativa en agosto del presente año. pic.twitter.com/YWhP0NzsOa

— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) February 9, 2022

“La Unidad Especializada para Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado es un proyecto muy importante para el país. Aspiramos a iniciar las operaciones en agosto de 2022 con jueces que van a ser seleccionados con toda rigurosidad, que se les va a dar la protección debida para poder afrontar estos casos tan complicados”, anotó Murillo.

La nueva unidad contará en su arranque con dos jueces de primer nivel, dos tribunales penales para el juzgamiento y dos salas en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para apelación. No se contarán con jueces nuevos en la Corte Nacional de Justicia, pues serán los mismos jueces nacionales de la Sala Penal que conocerán estos temas, ya que al momento entre sus competencias tienen el despachar casos por corrupción y crimen organizado.

El presidente Murillo ha explicado en entrevistas que apenas son 40 funcionarios los que van a laborar en esta unidad especializada, entre jueces de primer nivel, Tribunales de Juzgamiento y Apelación y el equipo de apoyo necesario para cada uno de estos magistrados.

El vocal del CJ, Juan José Morillo, en su momento señaló que el perfil para los futuros jueces de esta unidad judicial estaría marcado por la especialidad, es decir que los postulantes y futuros funcionarios tengan una experiencia específica en la materia penal y el manejo de temas relacionados con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

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El presidente Murillo y el vocal Morillo coinciden en que el concurso de méritos, impugnación ciudadana y control social para la selección de estos jueces será de los más rigurosos que se hayan tenido e inclusive se tendrían previstas pruebas de confianza. Lo que se estaría esperando en el CJ es la certificación presupuestaria para arrancar con la selección de jueces, proceso que demoraría al menos cuatro meses.

La resolución de creación define que esta unidad judicial especializada para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado tendrá su sede en Quito. El edificio donde funcionaba el Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y Becas (IECE), en el sector de la Alpallana, en el norte de la urbe, es el lugar que ocupará esta sede judicial y en la que al momento se realizan adecuaciones para el tema de seguridad e informática, debido a que esta unidad tendrá un funcionamiento 100 % digital.

“Los jueces de esta unidad especializada deben tener una selección sumamente rigurosa y, además, una protección especial de seguridad, porque sabemos que el crimen organizado quizá muchas veces supera al Estado”, señaló Fausto Murillo en una entrevista con el medio digital GK.

Los jueces que integran la unidad judicial para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado serán competentes en razón del territorio para conocer, sustanciar y resolver los delitos cometidos a nivel nacional y los delitos de carácter transnacional de acuerdo con la competencia en razón de la materia establecida en la ley y en la resolución de creación. (I)

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