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martes, julio 5, 2022

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CAL calificó juicios políticos planteados a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y del Consejo de la Judicatura | Política | Noticias

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional calificó tres solicitudes de juicios políticos planteados en contra de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de los cinco miembros del Consejo de la Judicatura (CJ).

La tarde de este 17 de febrero, los integrantes del CAL, presidido por la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori resolvieron sobre las solicitudes de juicio político planteados por legisladores de Pachakutik (PK) y de Unión por la Esperanza (UNES).

El organismo informó que se aprobó el pedido de juicio político realizado por los asambleístas de PK, Mireya Pazmiño y Ángel Maita que se impulsó en contra de los consejeros del CPCCS, Francisco Bravo, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán.

Este tuvo el respaldo de las bancadas del correísmo UNES y del Partido Social Cristiano (PSC), que los cuestionan por incumplir sus funciones, al supuestamente, vulnerar la seguridad jurídica por plantear reformas al reglamento de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

La siguiente interpelación que se calificó fue planteada por los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo, también de PK, pero esta es en contra de los siete vocales del CPCCS. El cuestionamiento se hace por la designación de César Córdova, como defensor del Pueblo encargado, quien no tiene experiencia en materia de derechos humanos, requisito estipulado en la Constitución.

También por haber removido a Fausto Murillo de su cargo como vocal del Consejo de la Judicatura, en abril del 2021. Aunque, mediante una medida de acción de protección tramitada por la Corte Provincial de Pichincha volvió a su cargo.

Los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) también irán a juicio político, incluida María del Carmen Maldonado, que renunció a su cargo a inicios de febrero.

La solicitud la hicieron los asambleístas de UNES, Viviana Veloz y Fausto Jarrín.

El CAL notificará con sus resoluciones en el término de tres días a la Comisión de Fiscalización, mesa legislativa que suma el trámite de seis interpelaciones.

Una que está en proceso en contra del contralor subrogante de la Contraloría del Estado, Carlos Riofrío; otro que fue calificado al procurador del Estado, Íñigo Salvador; a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), y ahora a los vocales del CPCCS y de la Judicatura.

De forma paralela, este jueves, en la continuación de la sesión 757, el pleno de la Legislatura no aprobó un proyecto de resolución elevada por el asambleísta Ángel Maita, quien buscaba exigir que no haya intromisión en las funciones del Consejo de Participación Ciudadana en el desarrollo de los concursos de selección de autoridades de control.

De los 125 asambleístas presentes, 63 votaron a favor, 59 se abstuvieron y uno votó No.

UNES, PSC y Pachakutik plantean resolución para adelantar el juicio político contra los vocales del CPCCS

Este documento tenía ocho puntos, entre ellas rechazar la injerencia ilegal e ilegítima de la Función Ejecutiva en el CPCCS; condenar el operativo policial realizado el pasado 9 de febrero en los exteriores del edificio de ese organismo, cuando se produjo una sesión en la que Sofía Almeida y David Rosero, fueron removidos de la presidencia y vicepresidencia, por cuatro consejeros de mayoría.

Entre otros puntos, se buscaba que la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana del Parlamento consulte al Consejo de la Judicatura los detalles e informes técnicos de por qué se suspendió a la jueza de la Unidad Judicial de Samborondón Karly Vargas, quien es investigada por presunto error inexcusable, y que dio una medida cautelar a la consejera Sofía Almeida para que se mantenga en la presidencia del Consejo de Participación.

Un borrador de resolución previo, pretendía incorporar un artículo para que la Comisión de Fiscalización inicie el tratamiento de juicio político planteado por Mireya Pazmiño y el mismo Maita, en contra de los cuatro vocales del Consejo y se suspendan los plazos referentes a los otros juicios políticos que se encuentren en trámite. (I)

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