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miércoles, mayo 25, 2022

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Ecuador y sus más de 40 años de constante interés de la política en la justicia nacional | Política | Noticias

Entre pedidos de respeto a la independencia judicial y las acciones políticas para influir en el sistema de justicia -unas más evidentes que otras-, bajo la supuesta idea de que es urgente y necesario un cambio en la Función Judicial ha caminado el Ecuador desde que volvió en 1979 a la vida democrática, estrenando Constitución y con nuevo presidente, Jaime Roldós.

En la Carta Magna de 1978 se establecía la existencia de una Corte Suprema de Justicia (CSJ) que debía ser escogida y posesionada por lo que se conocería como Congreso Nacional. En la práctica la designación de los miembros de la CSJ se daba según los acuerdos entre las mayorías políticas que conformaban el Poder Legislativo de turno.

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El investigador de la Flacso Santiago Basabe en su trabajo La Corte Suprema del Ecuador en el periodo democrático (1979-2013): entre la inestabilidad institucional y la influencia partidista sostiene que con el retorno al régimen democrático, una de las tareas pendientes de los actores políticos fue propiciar la conformación de una Corte Suprema que garantice independencia y credibilidad.

“A pesar de que en la primera conformación de la Corte sobresalían nombres de algunos juristas de prestigio, la idea de que los nuevos jueces reflejaban la conformación del Congreso pronto empezó a difundirse. Con la llegada de los gobiernos posteriores al del presidente (Osvaldo) Hurtado dicho rumor se convirtió en plena evidencia empírica: la mayoría de los jueces supremos eran identificables con algún partido político y su designación correspondía a acuerdos legislativos previos”, apuntaba Basabe en su análisis.

En la década de los 80 y 90 los cambios que se producían en la cabeza de la Función Judicial reflejaban, casi de inmediato, la correlación de fuerzas que se vivía en la política nacional. Por ejemplo, en 1984 ganó la Presidencia de la República el socialcristiano León Febres-Cordero, pero el Congreso estaba presidido por Raúl Baca, de la Izquierda Democrática.

León Febres-Cordero mandó a rodear la Corte elegida por el Congreso opositor, en 1984.

La centroizquierda seleccionó a magistrados de la CSJ y a la cabeza Gustavo Medina. Ese hecho fue rechazado por el presidente de la República originando una pugna de poderes que desembocó, el 8 de octubre de 1984, en que Febres-Cordero desconozca la elección y con tanques policiales rodee la Corte Suprema de Justicia, en Quito, para impedir la posesión. El tema judicial terminó con una salida por la vía política.

Para esos años, mediante una reforma constitucional, se redujo a cuatro años el periodo de los jueces, pero en 1992, tras otra reforma, se aumentó el número de magistrados de 16 a 31 y se extendió el periodo de cuatro a seis años con la renovación de un tercio de los jueces cada dos años.

La justicia ha sido históricamente la joya de la corona del poder político lo cree Pablo Encalada, penalista y catedrático. Desde su perspectiva la política siempre ha querido de alguna forma controlar las acciones de una justicia ecuatoriana bastante débil y que fácilmente se alinea al poder político. Alejarla de este poder es la mejor forma de otorgarle independencia, precisa.

Cambios con una nueva Constitución

En febrero de 1997, la caída del presidente Abdalá Bucaram no solo dejó un gobierno interino, sino también se aprovechó para convocar a una consulta popular que terminó aprobando la Constitución de 1998. En ella se definió que los jueces de la CSJ no estarían sujetos a periodo fijo en relación con la duración de sus cargos y que las vacantes futuras serían llenadas bajo el sistema de cooptación.

“Por última vez” se decía, el Congreso Nacional, liderado por el socialcristiano Heinz Moeller, designaría a los integrantes de la Corte Suprema. Pese a que la selección la llevó adelante una comisión externa, la idea de que los nuevos jueces tenían relación con las mayorías políticas de ese momento no se alejó de ese periodo.

Los exdiputados roldosistas Carlos Kure (i), Mario Touma, Omar Quintana, Dennis Cevallos e Iván López (atrás), durante la sesión del pleno del Congreso en la que se votó por la destitución de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de diciembre de 2004.

El constitucionalista Rafael Oyarte reconoce que en más de 190 años de vida republicana el Ecuador ha transitado por todos los sistemas posibles en el tema de justicia, pero han fracasado las instituciones porque se nombra a cualquier persona para el cargo. “Las instituciones son un instrumento y no un fin. (..) La cosa nunca va a funcionar si quienes integran estas instituciones abusan del poder, desvían el poder, creen que es cosa propia y peor si suceden otras cuestiones”.

Eso de designar por última vez el Congreso a jueces no se cumplió. Seis años después, en diciembre de 2004, el gobierno de Lucio Gutiérrez y una mayoría legislativa del PRE, Prian, Sociedad Patriótica y otros independientes cesaron a la CSJ para nombrar una nueva, a la que en enero del 2005 se denominó la ‘Pichi Corte’, debido a su nuevo presidente, Guillermo Castro Dáger, conocido como Pichi y cercano al roldosismo.

La cesación y el nombramiento fueron inconstitucionales, pues se dieron pese a que el Congreso no era el ente nominador, ni tampoco tenía la atribución para destituir o reorganizar la Corte Suprema. La ilegalidad fue condenada años después cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia a favor de los magistrados destituidos por esa mayoría legislativa.

La ‘Pichi Corte’ duró hasta abril de 2005 que se dio el derrocamiento de Gutiérrez. Alfredo Palacio, su remplazante, trató de recomponer la CSJ y creó una comisión calificadora que mediante un concurso de méritos y oposición eligió a los nuevos magistrados. Ecuador no tuvo Corte Suprema por más de siete meses, hasta que la nueva Corte fue posesionada a finales de 2005.

Esta nueva conformación tampoco escapó a las críticas de sectores políticos, judiciales y sociales por supuestamente tener jueces con cercanía a partidos políticos.

La “metida de mano a la justicia”

Con la llegada de Rafael Correa al poder (2006) nuevos cambios en la justicia empezaron a gestarse. Mediante el impulso de una Asamblea Constituyente en 2008 se aprobó una nueva Constitución, la tercera en 30 años. En ella se cambió de Corte Suprema a la actual Corte Nacional de Justicia, se redujo a 21 los jueces, el tiempo en el cargo quedó en nueve años y se crearon salas especializadas.

La flamante arquitectura de la Función Judicial dejó en manos del Consejo de la Judicatura (CJ) el concurso, selección y designación de los nuevos magistrados. El CJ debía ser nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Mientras se consolidaba la estructura, la transición de la Corte antigua a la nueva se llevó adelante con jueces producto de un sorteo.

Rafael Oyarte hace una gran diferencia entre la justicia de los años 80 y 90 respecto a la década del correísmo. Para él las cortes de los 80 y 90 se ‘repartían’ entre los partidos que tenían presencia en los Congresos y cada uno ponía profesionales reconocidos, sin tener nadie la mayoría; pero en el correísmo lo que existió, afirma, es la toma de todas las instituciones con cercanos a esa tendencia.

“Dirán que queremos meter mano en las cortes, sí, queremos meter las manos para bien del pueblo… Tenemos que cambiar el sistema de justicia”, decía en enero de 2011 el presidente Correa para justificar una consulta popular que, entre otros temas, creó un CJ de transición para así reestructurar el sistema de justicia del país, enmendó la Constitución y reformó el Código Penal vigente.

QUITO. Hemos desvirtuado absolutamente todas las argumentaciones contenidas en ese informe leído públicamente la semana pasada, dijo en referencia a las pruebas entregadas al Consejo de Participación transitorio Gustavo Jalkh. Dijeron que esta es la última rueda de prensa de los vocales de la Judicatura.

En julio del 2011, luego que el 46 % de de los votos confirmó la propuesta, Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yavar, todos relacionados con el correísmo, quedaron a cargo del CJ transitorio y del proyecto de Correa. La administración transitoria designó, mediante un concurso cuestionado por diversos entes y sectores, a los 21 jueces de la CNJ y centró gran parte de sus esfuerzos en la inversión en infraestructura y personal.

Para Encalada en los últimos años el CJ ha sido una instancia que ha servido para controlar a los jueces, para tenerlos amenazados, alineándose siempre al poder político. “El correísmo nos ofreció transformar la justicia. Habrá hecho muchos edificios, contratado muchas personas, funcionarios, pero nos dejó una institución mucho más débil y jueces menos independientes que antes”.

Entre los cambios dispuestos en la enmienda constitucional estaba además que el CJ definitivo esté integrado por cinco vocales y no por nueve, los cuales debían provenir de ternas enviadas por la Corte Nacional, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Función Ejecutiva y Legislativa.

El exsecretario y exministro de Correa, Gustavo Jalkh, fue designado como líder del CJ definitivo, el cual llevó adelante las renovaciones por tercios de jueces de los años 2014 y 2017. Estos concursos tampoco quedaron fuera de las críticas por falta de independencia, transparencia y por estar dirigidos a tener jueces cercanos a la tendencia del correísmo.

La denominada “metida de mano en la justicia” trató de ser corregida en 2018 con la misma fórmula histórica. Con un referendo y consulta popular del presidente Lenín Moreno se logró que un CPCCS transitorio nombre a un CJ transitorio que remplace al de Jalkh, periodo al que se le acusaba de haber presionado a funcionarios afín y utilizado la justicia para perseguir adversarios políticos.

“Después del correísmo nos hemos quedado con los vicios, porque siempre será fácil apartar del cargo a un funcionario. Cuando se sacó a la CC Cervecera, a CJ de Jalkh, a los fiscales del correísmo, etcétera, la gente aplaudió porque la gente rechaza esa clase de funcionarios. Ahora sacar funcionarios es fácil, siempre se va a tener apoyo para sacar funcionarios, nombrar es difícil, complicado”, señaló Oyarte.

QUITO.- En la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio se dio la elección de su titular Julio César Trujillo (centro) como presidente de la Función de Transparencia (Tomado de @CPCCS).

El Consejo de Participación transitorio presidido por Julio César Trujillo seleccionó al CJ definitivo y fue este el que concretó una evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional. Más adelante 23 magistrados no superaron la evaluación y fueron remplazados por jueces temporales provenientes de las diversas cortes provinciales de justicia del país.

Siguiendo con la renovación por tercios, en febrero de 2021 se posesionaron en la Corte Nacional nueve jueces y dos conjueces en remplazo de quienes temporalmente ocupaban esos cargos.

Nueva propuesta de reforma de la justicia

Volver a hacer una reforma de la justicia que sea resuelta por los ecuatorianos vía consulta popular fue el anuncio que hizo el presidente Guillermo Lasso a inicios del 2022. Decía que lo que se busca es hacer una propuesta que calce a la realidad actual del Ecuador, pues se necesita una justicia institucionalmente fuerte, para que se nos vea como un país que administra la justicia con imparcialidad.

Encalada no niega que la justicia tiene mucho que mejorar y cambiar e insiste en que la mejor forma de otorgarle independencia en Ecuador es alejándola de la injerencia política y no pensando en más metidas de mano. Por ello afirma que si la propuesta del presidente va encaminada inicialmente a modificar la integración o la existencia del CJ y eso fortalece la independencia judicial y respeta la institucionalidad, es bueno.

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Pero tiene claro que lo que no se le puede permitir al presidente Lasso, ni a nadie, es que nos propongan una consulta para evaluar, destituir y nombrar nuevos funcionarios judiciales, como lo hizo el correísmo hace diez años. “Si es que nos proponen eso nos están diciendo que van a meter la mano a la justicia y que va a meter a su gente y eso no lo podemos permitir”.

El actual presidente de la CNJ, Iván Saquicela, ha resaltado la importancia del respeto a la institucionalidad y que ya no se debe pretender “meter las manos” en la justicia. “Si alguna vez se metió hay que sacarlas para siempre, no solo por los jueces que merecemos ser independientes, sobre todo por los ciudadanos”.

Saquicela pide al país que se les dé la posibilidad de construir una justicia ética, eficiente, con jueces independientes, en un ambiente de respeto a las normas constitucionales y legales y con un presupuesto adecuado. (I)

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