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Fiscalía en espera de una denuncia ‘concreta’ para iniciar investigación sobre la existencia de narcogenerales o la revocatoria de visas a policías y jueces | Política | Noticias

Esta semana el contralor general subrogante, Carlos Riofrío, dispuso que se inicie un proceso de examinación a declaraciones patrimoniales de jueces del país.

14 de enero, 2022 – 14h29

Aunque la fiscal general, Diana Salazar, señaló la mañana de este viernes ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional que no existen específicamente investigaciones previas abiertas por la revocatoria de visas de Estados Unidos a narcogenerales, a jueces o personas relacionadas al sistema judicial ecuatoriano, la institución que dirige, dijo, realiza una serie de coordinaciones que podrían generar información que permita iniciar los procesos que correspondan.

Salazar fue convocada por la Comisión de Soberanía para que informe si existen investigaciones en curso o las acciones que se emprenderán frente a las declaraciones públicas del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, relacionadas con la supuesta existencia de narcogenerales en el país y la revocatoria de visas a varios generales, jueces y otros funcionarios judiciales.

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Para que informen y respondan inquietudes sobre el mismo tema también fueron convocados, a la sesión 76 de la Comisión los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ).

Al CJ se buscaba consultar sobre el comunicado que emitió y en el que solicita la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores para que realice el contacto respectivo con la Embajada de Estados Unidos, para el intercambio de información en cooperación mutua, con el fin de verificar si a los servidores que se les revocó la visa han sido destituidos o siguen en sus funciones.

La fiscal general explicó que la institución está coordinando internamente el análisis de la información que llega a su conocimiento para poder actuar conforme al marco normativo legal y constitucional. Informó que ha mantenido reuniones con autoridades de la Contraloría, del CJ, del Ministerio de Gobierno, de la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE), el Servicio de Rentas Internas y varias superintendencias.

A todos se les había conminado a que inicien, en el ámbito de sus competencias, acciones de control y análisis de información, y que en los casos en los cuales se determinen posibles comisiones de delitos, remitan los documentos que sustenten su conclusión a la Fiscalía a fin de ser verificados e iniciar las investigaciones que correspondan.

La fiscal Salazar aclaró ante las consultas de los asambleístas, quienes requerían información de casos abiertos o investigaciones sobre el tema tratado, que ventilar información que está siendo procesada por la Fiscalía en este momento implicaría desconocer el derecho a la intimidad de los ciudadanos.

“Necesitamos tener una noticia de delito concreta porque de lo contrario significa iniciar investigaciones a 40 generales de una rama, a 20 generales de otra fuerza, a más de 2.000 administradores de justicia. Tampoco podemos atentar contra los derechos constitucionales. Con información precisa y real podemos nosotros emprender las acciones que corresponden”, precisó Salazar.

Patricia Núñez, integrante de la Comisión, sostuvo que no solo es preocupación de la Asamblea, sino del país entero el que haya el pronunciamiento de un embajador sobre la existencia de narcogenerales y actos de corrupción que conllevan la revocatoria de visas de policías, jueces y funcionarios judiciales. Ese hecho pone en tela de duda el nombre de un país y por ello, resaltó, se debe actuar de oficio y no necesariamente con una denuncia de por medio, como dio a entender la fiscal Salazar.

“El país necesita información, tranquilidad y confiar en sus instituciones y todos debemos sumar para dar esa confianza. Sin confianza en las instituciones, la democracia corre riesgo”, apuntó Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía.

Respecto a si se habrían iniciado los procesos para que se dé una asistencia penal internacional para que Estados Unidos entregue datos sobre el retiro de visas, Salazar explicó a los legisladores que una solicitud de asistencia penal internacional es una técnica especial de investigación que se tiene que realizar en el marco de una investigación previa.

Pese a ello, mencionó, la institución que dirige ha mantenido conversaciones con el embajador y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dijo que existe una estrecha relación entre la Fiscalía y el Departamento de Justicia, basado en el principio de confianza y reserva, por lo que no se “aventuraría a perder” esa confianza por exponer acciones que se han “emprendido de manera reservada”.

En lo referente al CJ, Narváez sostuvo que no es deseable que un país extranjero active procesos disciplinarios y por ello buscaba que se le informe qué es lo que la Judicatura haría con los datos que busca obtener de Estados Unidos sobre funcionarios judiciales a quienes se les han retirado visas. El vocal del CJ Juan José Morillo habló ante los legisladores de las sanciones que han emitido desde el 2019 que están en funciones.

Santiago Peñaherrera, director general del CJ, cree que es relevante la información de procesos disciplinarios que han dado lugar a destituciones en la Función Judicial, así como también los casos que han sido judicializados por denuncia del CJ, pues en su momento esto servirá para contrastar si los servidores judiciales a quienes se les ha revocado la visa de Estados Unidos son aquellos que el CJ ha destituido o contra quienes ha presentado una denuncia en la Fiscalía.

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“Que no nos sorprenda que muchos de esos servidores a quienes se les habría revocado la visa serán aquellos que el CJ destituyó y aquellos contra quienes el CJ presentó una denuncia por actos de corrupción. Somos conscientes de que el simple hecho de que un Estado revoque la visa a una persona no necesariamente aquello deriva en una responsabilidad administrativa o penal”, añadió Peñaherrera, quien manifestó que la información solicitada a Estados Unidos, los datos que mantiene el CJ, serán contrastados con el examen a las declaraciones patrimoniales que haga la Contraloría.

El CJ informó que los cuatro vocales que conforman el organismo y su presidenta, María del Carmen Maldonado, mantienen vigente su visa de ingreso a Estados Unidos. Además, el pleno de la institución dispuso que todos los directores nacionales y provinciales del CJ reporten, de forma inmediata, el estado de sus visas. (I)

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