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domingo, agosto 14, 2022

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Informe borrador de la Comisión de Fiscalización recomendó el archivo del juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui | Política | Noticias

El informe borrador de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recomendó el archivo del juicio político planteado en contra de la titular de la Superintendencia de Bancos, Ruth Arregui Solano.

La tarde de este domingo 6 de febrero, el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, convocó a la instalación de una sesión para tratar el proyecto de informe final para su aprobación y su posterior remisión para conocimiento del pleno de la legislatura.

Petición de juicio político a la superintendenta de Bancos entra a definirse en el informe de la Comisión de Fiscalización

El pedido de juicio político iniciado por el legislador Darwin Pereira, del bloque Pachakutik (PK), se sostenía en al menos ocho causales por incumplimiento de funciones, relacionados con presuntas irregularidades en la designación de defensores de clientes, operaciones financieras no autorizadas respecto del caso Big Money de la ciudad de Quevedo; entre otras, fraude informático en instituciones financieras y renegociación de deudas entre usuarios y la banca privada.

En el documento de casi 100 páginas se expone al pleno que Arregui no habría incurrido en ninguna de las causales que alega el interpelante, Darwin Pereira, por lo que se recomienda el archivo de la solicitud de juicio político.

Se argumenta que después de haber revisado las pruebas de cargo y descargo y la declaración de defensa de Arregui, “no se ha comprobado el incumplimiento de funciones”, en concordancia con el artículo 131 de la Constitución.

Cinco días más para el informe sobre el pedido de juicio político a la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui

Días atrás, Pereira advirtió que no existía “voluntad política” para recomendar el juicio político a la superintendenta, e insistió en que hay razones para destituirla y censurarla porque, por ejemplo, durante la fase de presentación de pruebas de cargo y descargo hubo comparecientes que reconocieron que se cobraron valores presuntamente ilegales durante la pandemia, y que se justificó que se debió a errores con el sistema. (I)

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